EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS 1968 - 1980

martes, 22 de octubre de 2013

Indice - Historia del Perú

Luego de declarar nulo ipso jure ipso facto el laudo de París en 1963, el problema de control sobre la Brea y Pariñas en manos de la Internacional Petroleum Company(IPC), subsidiaria de la American Standar Oil Company fue resuelto finalmente por el gobierno de Beláunde en agosto de 1968 con la firma del ACTA DE TALARA. Sin embargo, la desaprobación general a la firma de este acuerdo y las denuncias sobre la pérdida de la última página del documento obligó al gabinete a dimitir el 1 de octubre y el 3 de octubre los tanques de la división blindada tomaban por asalto palacio de gobierno anunciando el nuevo carácter del gobierno que asumía el control del estado. La constitución de 1933 quedó suspendida y se constituyó la Junta Militar Revolucionaria, encabezada por el general Juan Velasco Alvarado quien hasta el día anterior se había desempeñado como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quién fue nombrado presidente. El Velascato emitió un pronunciamiento denunciando a las fuerzas económicas extranjeras y nacionales que habían tomado el poder en el país frustrando el anhelo popular de realizar las reformas estructurales que exigía el momento. La primera acción revolucionaria fue expropiar las instalaciones de la IPC, creando una fuerte tensión diplomática en las relaciones con Estados Unidos y declarando el "Día de la dignidad nacional" al 9 de octubre. Las relaciones se deterioraron aún más en febrero de 1969, cuando una cañonera peruana apresó a dos barcos pesqueros estadounidenses por pescar sin autorización en nuestras aguas.

EL GOBIERNO DE JUAN VELASCO ALVARADO (1968-1975)
El nuevo régimen militar significó básicamente el establecimiento de un gobierno de tendencia izquierdista y de rasgos revolucionarios. Las propuestas del nuevo orden buscaban transformar las estructuras de poder controlado por el Estado para beneficiar a los menos poseedores , por ello el Estatuto Revolucionario proponía :
1. Transformar estructuras del Estado haciéndolo más dinámico y eficiente para un mejor gobierno.
2. Promover niveles superiores de vida a los sectores menos favorecidos de la población.
3. Imprimir a los actos de gobierno un sentido nacionalista e independiente, sustentado en la defensa de la soberanía y dignidad nacional.
4. Moralizar al país en todos los campos de la actividad nacional.
5. Fortalecer la conciencia nacional.

Dos cuestiones se podían percibir en el estatuto revolucionario: primero, presentaba una concepción revolucionaria vinculada a los lineamientos de la izquierda peruana; y segundo, era un pronunciamiento institucionalizado de las Fuerzas Armadas (lo que le dio un sello diferente a los anteriores regímenes militares caudillescos).

Bajo el lema de "ni capitalista ni comunista", desde 1968, el gobierno de Velasco inició radicales reformas del sistema social y económico; las más importantes fueron la expropiación de los complejos industriales de capital extranjero y las grandes haciendas latifundistas, la imposición del control de precios de los productos de consumo básico y del sector servicios, así como una amplia reforma agraria; también expropió la Cerro de Pasco Corporation (1973) y la Marcona Mining Company (1975).

En 1973, fue nacionalizada la industria de transformación de la anchoveta, que había sufrido un serio descenso en 1972 por una alteración en las corrientes oceánicas. Bajo la misma mecánica, procedió a expropiar los bancos Popular, Internacional del Perú y a confiscar los principales diarios como "La Prensa", "Expreso, "El Comercio", "Correo" "Ojo" los mismos que quedaron maniatados con la ley de libertad de prensa.

Paralelamente, fue creando monopolios estatales como PETROPERU (reemplazó a la empresa petrolera fiscal), CENTROMIN PERÚ (Cerro de Pasco), PESCA PERÚ, HIERRO PERÚ (Marcona Mining Company). Su marcado nacionalismo lo llevó a favorecer a la asociación de exportadores (ADEX) y a la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO) llevándolo a crear inclusive la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE).

El presupuesto previsto para 1973-1974 se incrementó un 35% para mejorar y diversificar la industria privada. En junio de 1973, el Banco Mundial concedió al país un crédito de 470 millones de dólares y el Banco Interamericano de Desarrollo le prestó otros 30 millones de dólares.

La medida más controvertida sin embargo fue la ley de Reforma Agraria de 1969, que bajo el lema de "la tierra es para quien la trabaja" procedió a la inmediata ocupación de las haciendas azucareras de la costa norte y centro llegando a expropiarse 9,1 millones de hectáreas de los 30 millones de tierras cultivables que tenía el país. (Se afectaron solo 17 mil latifundios y benefició a 369 mil familias campesinas de un total de 2 millones). Las tierras expropiadas fueron entregadas a las cooperativas de producción social (CAPS) y a las sociedades agrarias de interés social (SAIS). Lamentablemente, esta reforma fracasó y entre tantas razones, por la falta de tecnificación a los propietarios, la carencia de experiencia empresarial, la falta de créditos; además, debe señalarse que la reforma agraria fue selectiva.

La política internacional del velascato estuvo orientada a los países no alineados y acercamiento al tercer mundo. Cabe destacar además que mantuvo relaciones estrechas con Salvador Allende (Chile), Héctor Cámpora (Argentina), Fidel Castro (Cuba).

El "Plan Inca" también afectó a la educación pues se dio una Reforma Universitaria, se oficializó el quechua en todos los niveles, intentó tecnificar a la educación secundaria para su mejor aprovechamiento en la industria y el comercio, la investigación científica se vio fuertemente influenciada por el socialismo (los científicos sociales se encargarían de reinvindicar al mundo andino como paradigma de nuestra sociedad). La necesidad de tener una entidad que articule al gobierno con el pueblo lo impulsó a crear el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS) el mismo que fracasó en el intento.
Lamentablemente, las reformas estructurales del Velasquismo no tuvieron el efecto deseado. Economicamente no se avizoraban mejorías sustanciales (ello con el agravante de la crisis del petróleo en Medio Oriente que afectó directamente el precio del combustible en el país). Entre las condicionantes que fueron minando el régimen podemos señalar:
1. El deterioro que sufrió con el estatuto de libertad de prensa.
2. La generalización de conflictos laborales.
3. Las reformas fueron selectivas y no generalizadas como se esperaba.
4. No se liquidó totalmente a los enclaves imperialistas y sectores agro exportadores.
5. Las reformas eran a largo plazo.
6. El régimen se tornó muy personalista.
El apéndice a esa crisis fue la huelga policial del 5 de febrero de 1975 que terminó desarticulado al ya desgastado gobierno que con un Velasco enfermo y disminuido físicamente fue reemplazado en agosto de 1975 bajo la modalidad de relevo institucional. Falleció en 1977 en Lima.

GOBIERNO DE FRANCISCO MORALES BERMÚDEZ (1975-1980)
Morales había nacido en Lima y era nieto del general y presidente Remigio Morales Bermúdez. Estudió en la escuela Militar de Chorrillos y realizó una brillante carrera basada en su preparación técnica y en sus dotes de organización en los diversos organismos militares que dirigió. Se sumó al golpe militar del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas (1968) y desempeñó los cargos de ministro de Economía y Finanzas (1969). Jefe de estado después de Juan Velasco Alvarado, oficializado con el pronunciamiento de Tacna, asumió la presidencia de la República llevando a cabo una política de derecha que puso fin al proceso revolucionario.

Su corto gobierno denominado "Plan Túpac Amaru" (el mismo que giró en torno a dos grandes ejes: desactivar las reformas aplicadas y preparar el terreno para el retorno a la vida democrática) coincide con una de las peores crisis económicas y sociales vividas en el país y que sólo hacen recordar al traumático episodio de la guerra con Chile convulsionada con las huelgas generales de la CGTP y el SUTEP entre 1976 y 1977 y obligando al gobierno a devolver los medios de comunicación y restablecer la libertad de expresión. Para salvar la crisis económica, se alineó a la política del Fondo Monetario Internacional y entregó el ministerio de economía a un civil: Javier Silva Ruete.

Acaso la acción más destacada haya sido, debido a las presiones sociales, políticas y económicas, la convocatoria a la asamblea constituyente de 1978, la misma que fue presidida por el líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre y en el que participaron personalidades como Hugo Blanco, Javier Diez Canseco, Luis Bedoya Reyes, entre otros. Los grandes ausentes fueron los acciopopulistas. El objetivo de redactar una nueva constitución política para nuestro país y facilitar el retorno a la constitucionalidad democrática se cristalizó en agosto de 1979 con la promulgación de nuestra décimo primera carta magna. Sin embargo, no se avanzó mucho en la disolución de las políticas desarrolladas por Velasco (sus reformas quedaron camufladas bajo normas legales ambiguas).

El triunfo de Belaúnde el 18 de mayo de 1980 fue rotundo; pero significó un retroceso en la renovación de nuestra clase política. Por lo general ocurre: el fracaso del régimen reciente permite el retorno del gobierno anterior. El Perú ingresaba a una década distinta, esta vez marcada por un nuevo fenómeno: el terrorismo (nacido en las postrimerías del régimen militar en Chuschi-Ayacucho).


RADIOGRAFÍA DEL PLAN INCA
Lectura:
"Al principio, se respetaron las empresas comerciales, algunas de las cuales exportaban productos mineros, pesqueros, etc. Pronto fueron reemplazados por nuevos monopolios como MINPECO (Minero-Perú Comercial); a ello, se sumaron otras empresas de comercialización (harina de pescado) y otras a la importación de alimentos.

El gobierno militar se puso como meta el crecimiento del producto bruto interno, como una forma de favorecer a los pobres. No tuvo mucho éxito, y los expertos señalan que entre 1945 y 1980 sólo alcanzó un crecimiento de 1 por ciento a 2,7 por ciento anual, considerando el aumento de la población y la disminución de la mortalidad.

Las principales reformas del gobierno militar buscaron transformar la estructura de la propiedad. Era común, en ese tiempo, decir que el poco desarrollo del país era consecuencia de la concentración del poder económico y político en la oligarquía y de la Patria Nueva de Leguía. Se pensó que los nuevos criterios, "revolucionarios", originarían un nuevo y eficiente país.

En medio de la confusión, se decía que, como consecuencia de las reformas, los capitalistas y los empresarios privados, nacionales y extranjeros, aumentarían sus inversiones en el Perú, el gobierno y sus partidarios parecían persuadidos de que al estatizar los bienes originaría una descomunal fuerza generadora de riqueza. Así se afirmó que la expropiación de las tierras y su entrega a entes colectivistas llamados sociedades agrícolas de interés social (SAIS) permitirían el crecimiento productivo. Ocurrió todo lo contrario. La mayoría de las entidades colectivistas entraron en crisis recurrente y debieron ser refinanciadas varias veces por el Estado, es decir, por los impuestos de todos los peruanos.

Carlos Contreras / Marcos Cueto

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